Surcos en América Latina

El hombre que tiene sobre su escritorio el termo de tereré y los tomos ajados del diccionario de la Real Academia Española, parece a punto de irritarse por la pregunta.
-No -dice después manteniendo la calma- Lo que pasa es que este país tiene mala fama. ¿Cómo va a ser el lavadero del Mercosur, Paraguay, si cada país miembro ya tiene el suyo?

Afuera, tras los ventanales amplios que dan al río sinuoso, el cielo de Asunción presagia una lluvia que no llegará. De este lado de esos ventanales, el zumbido tenue del aire acondicionado es como una bendición del otro mundo. Hacen 31 grados. Es invierno.
El hombre que habla se llama Carlos Mateo Balmelli. Es calvo, morocho y alto, y senador liberal. A los 43 años está visto como una de las reservas intelectuales de Paraguay, y ni bien puede, esgrime como un ariete su lista de PhDs en economía y ciencias políticas, obtenidos en universidades europeas. "Qué lástima que no avisaste que venías, así te traía mis libros", dice, aunque la cita fue acordada dos días antes.

"Este país tiene mala fama" , insistirá a lo largo de la charla, tratando de convencer. "Pero está comprendido en las generales de la les..Los periodistas escriben, la comunidad internacional exagera, y las cosas que dicen se instalan como verdades. Pero hay que ver qué es cierto en todo eso.

Última frontera entre la legalidad y el delito, en Paraguay, los índices de corrupción sin castigo han sido verificados por organismos no gubernamentales. En el último reporte anual de Transparencia Internacional, conocido hace unas semanas, el país figura como más corrupto que ex repúblicas soviéticas como Georgia o Tadzhikistán, y sólo menos que otras tres naciones en el mundo: Haití, Nigeria y Bangladesh.
Por años, los estigmas del contrabando, la falsificación y el narcotráfico delinearon su historia con pinceladas desprolijas, y hoy la corrupción sólo es comparable a la impunidad. Los propios funcionarios admiten que una y otra son inmemoriales y Mabel Rehnfeldt, una de las periodistas más prestigiosas del diario ABC, lo dice indignada: "No hay un solo funcionario preso por corrupción". Pero exagera, porque en los últimos catorce años hubo dos: un par de gerentes del Banco Central, condenados por haber donado 16 millones de dólares ajenos

Un ejemplo de cómo funciona esta joint venture entre corrupción e impunidad. Hace un poco más de dos años, en medio de tanta sospecha, la policía paraguaya pareció purificarse. En una sola noche, tras una serie de operativos simultáneos, decomisó un contrabando descomunal al norte del país. . El botín secuestrado fue histórico: incluía doce mil cajas con 600 CDs cada una, treinta cajas con raquetas de tenis, cincuenta mil kilos de ropa norteamericana en fardos, 205 mil cajas de cigarrillos, 130 bultos con partes de computadoras, 50 bultos con lentes y otras mercaderías varias, transportadas en doce camiones semirremolques y en un barco de los contrabandistas.

El botín fue inventariado y trasladado a los depósitos fiscales de Asunción, y la noticia publicada en los diarios locales con el mayor entusiasmo. La mercadería fue puesta en custodia de dos empleados, y a fines del año pasado, cuando se decidió rematarla y la fueron a buscar, habían desaparecido los doce camiones, el buque y el 60 por ciento del cargamento. Los dos empleados fueron juzgados, pero uno se fugó durante el juicio, y el otro no pudo ser condenado por razones de salud.
Quizá la moraleja sea que no se puede poner a Drácula a custodiar un banco de sangre.

"¿Un Rolex, amigo? ¿Quiere un Rolex? Siete dólares por ser a usted. Le hago un buen precio."
El vendedor lleva en la mano cuatro relojes brillantes ensartados en un rollo de terciopelo morado. Son bonitos y plateados. A su lado espera turno de ofrecer un hombre con cajitas de perfumes, mientras otro busca clientes para un negocio de artículos electrónicos.
En esta calle de Ciudad del Este, el bullicio mezcla voces en chino de Taiwán, portugués, guaraní, árabe y español. En las veredas, y a lo largo de los bulevares, centenares de puestos se amontonan entre olores hirientes y colores chillones. Los edificios son mustios y grises y las ventanas parecen tapiadas. Frente a la mezquita azul del profeta Mohammed, sobre la esquina de Boquerón con Adrián Jara, una muchacha china parece detenida en el tiempo. Hace exactamente cuatro años la vi allí mismo, impávida, vendiendo lo mismo que vende ahora: preservativos musicales, cigarrillos norteamericanos y paraguas de plástico.

"Acá nada es lo que parece", me dirá después Héctor Guerín, director del diario Vanguardia. Y lanzará una invectiva fulminante: "Menos el tereré, en Ciudad del Este todo es falso, y también todo es posible."
Es que en esta triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, veinte kilómetros al norte de las cataratas del

"Le cuento un caso", dirá Guerín. "El ex ministro de Industria y Comercio de los gobiernos de Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy, Ubaldo Scavone, tenía registrada a su nombre la marca Aspirina, y recién hace unos años que terminó el juicio que le había entablado a Bayer. La empresa perdió la demanda y tuvo que comprarle a Scavone, que era presidente de la Unión Industrial, los derechos para usar en Paraguay el nombre del producto".

Es media mañana de un viernes de junio y Ciudad del Este, este pueblo de 120 mil habitantes que hace diez años generaba el 40 por ciento del producto bruto paraguayo sin producir ni un alfiler, hoy es un reflejo pálido de lo que fue. La primera crisis le llegó en el 2000, con la imposición de trabas aduaneras por parte de Brasil, y el golpe de gracia se lo dio la implosión argentina que acabó con Fernando de la Rúa.

Hasta entonces, hasta que cayó en desgracia, la ciudad fundada por el dictador Alfredo Stroessner con su propio nombre:--Puerto Stroessner-, especie de shopping de la mítica triple frontera, disimulaba tras el mercado persa de sus calles su condición de capital del contrabando.

"El contrabando ingresa desde Foz, en Brasil, en contenedores que llegan de Santos, si es carga que proviene de Oriente, o desde San Pablo si viene de Miami", dirá Shariff Hammoud, un libanés enorme dueño de un megaimperio llamado Monalisa, en cuyas vidrieras uno puede encontrar desde legítimos pianos de cola Steinway de 17 mil dólares, hasta auténticos relojes Cartier de 30 mil."Aquí nadie sabe qué porcentaje de negocios son lícitos y qué porcentaje son ilícitos. Ciudad del Este merece la mala fama que tiene: hay falsificación, contrabando, y tráfico de drogas y armas", enumera Hammoud.

Según él, "un mismo producto tiene hasta tres niveles de falsificación: el mejor, el medio y el peor. Muchos electrónicos llegan sin marca, y se las ponen en cada negocio. Se puede encontrar una misma videocasetera que en un lugar se vende como Panasonic, en otro como Sony, y en otro como Aiwa.

En Asunción, a 350 kilómetros de Ciudad del Este, la señora Lourdes González está descorazonada.
"No tengo posibilidad alguna de garantizar la veracidad de los registros", se queja. Sus palabras son graves, porque es la directora de Registros Públicos de la Nación. De las veinticuatro oficinas a su cargo en todo el país, sólo tres están informatizadas, y en el resto se usan papeles. "Acá es aterradoramente fácil falsificar títulos de propiedad. Cualquiera que quiere va a uno de los registros no informatizados, encuentra un empleado corrupto y le compra en 150 dólares una de las hojas selladas en blanco, donde después escribirá su título. Es tan fácil como eso."
El mecanismo se usa tanto para propiedades inmobiliarias como para automóviles. Los contratos privados son válidos para la legislación local, y el resultado es que hoy, según cifras extraoficiales, más de un tercio del parque automotor paraguayo está en situación irregular.

"En este negocio hay dos tipos de mercancías",me ha dicho Guerín.

Los autos, naturalmente, no podrán salir después del territorio paraguayo, pero de todas formas el negocio es tentador: un Mercedes-Benz que en cualquier lado costaría entre 50 y 60 mil dólares, en Paraguay se puede conseguir en diez mil, y por un BMW de entre 35 y 40 mil no se paga más de siete mil. La operación, aunque viciada de origen, en este país es legítima.

"¿Y a mí por qué me pregunta por la corrupción? Los que tienen que hablar de eso son los corruptos."
El senador Balmelli cruza y descruza sus largas piernas. No sonríe nunca. Si no fuera porque es amable, se diría que está enojado.

Las cifras. Algunas de ellas, en Paraguay, son escandalosas. Sobre un total de 5.200.000 habitantes, el uno por ciento es dueño del 90 por ciento de la riqueza. La población económicamente activa representa menos de la mitad del país, según el último censo, y el desempleo alcanza al trece por ciento, siempre que no se cuente a los casi 300 mil paraguayos (cifras extraoficiales) que trabajan en negro, ni a los otros 300 mil que emigraron por falta de trabajo.
En 2003, el producto bruto por habitante fue de 940 dólares, y también ese año -una curiosidad- se alcanzó la cifra de 1.910.000 teléfonos celulares funcionando. La mitad de los paraguayos son campesinos, la deuda externa es casi la mitad del producto bruto anual, y el año pasado se

Con esos números y ese estado de cuentas públicas, a trece años de la creación del Mercosur los funcionarios paraguayos miran cada vez peor a esa sociedad de países, donde además de ellos están Brasil, Argentina y Uruguay. Las quejas principales son hacia Brasilia y Buenos Aires, los socios mayoritarios, a quienes acusan de haber hecho un mercado a su medida.
"Así, el Mercosur no tiene sentido", dijo hace poco el presidente Duarte Frutos, lamentando los impuestos que Brasil comenzó a cobrar a las exportaciones paraguayas. El economista Ricardo Rodríguez Silvero, que dirige una de las principales consultoras a las que escucha el gobierno, va más allá y asegura que su país debe asumir una actitud rebelde en respuesta a las medidas unilaterales de Brasil y Argentina.

El rompimiento podría estar cerca, y sería paradojal: patearía el tablero el miembro que aporta el uno por ciento a la sociedad. Ante esta amenaza latente, Buenos Aires y Brasilia miran con prevención a los paraguayos, y la estrategia parece ser consolidar algunos acuerdos puntuales, con tal de no romper el mercado: el gobierno argentino estrecha vínculos para generar más energía

La entrevista con el senador Balmelli, el múltiple PhD acaba de terminar. Son las tres y media de la tarde, las nubes no acaban de irse y este calor de invierno es agobiante. Afuera del edificio del Senado, una horrenda caja térmica de acero y cristal, los maestros van por su quinto día de huelga en reclamo de aumentos de sueldo, y desde la Plaza Uruguay marchan sudorosos hacia el centro de Asunción por la calle Palma.
Los vendedores de artesanías disfrazados de indígenas y los buscas que ofrecen relojes falsos y baratijas, los miran pasar entre camisas y manteles de encaje que cuelgan de los puestos ambulantes. De tanto en tanto gritan con ellos: "¡Si éste no es el pueblo...!" Unos y otros cobran por mes casi un millón de guaraníes, que les alcanzan para comprar unos 175 dólares.

Frente al Panteón de los Héroes, sobre la vereda del consulado argentino, una veintena de policías antimotines aguarda expectante. En estos días, la capital está llena de ellos. No están, en realidad, por los maestros, sino porque ha vuelto al país el ex general Lino Oviedo, narcotraficante paradigmático y fugitivo al que nadie buscaba, y en el gobierno

En este país de virilidad exacerbada, donde a los próceres se les adjudican docenas de hijos naturales, Oviedo es una caricatura de supermacho retacón y de cara aflautada. En su foja de servicios figura haber desalojado al dictador Alfredo Stroessner a punta de pistola en 1990, y haber vaciado con camiones civiles las bóvedas del Banco Central.
Hoy, es el enemigo principal del débil gobierno de Nicanor Duarte Frutos, un hombre de centroizquierda en el derechista Partido Colorado.Al decidir su regreso intempestivo, Oviedo le ha puesto una hipoteca a la democracia en Paraguay.
Ahora no falta nadie, y la mala fama que lamenta el senador Balmelli, no hace sino aumentar.

Setecientos kilómetros al noreste de Asunción, Pedro Juan Caballero se despereza con las primeras horas de la tarde.Desde su calle principal, la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, se ve la Rua Paraguay en la ciudad brasileña

A este moreno de anteojos lo bautizaron -hace 48 años- con el nombre equivocado. Hay poca candidez en un hombre a quien, en los últimos tiempos, le balearon dos veces la casa y otras dos el auto, por escribir sobre las mafias del narcotráfico en este pueblo. Desde mediados de 1995, Figueredo, como periodista, usa herramientas extrañas: grabador, cámara fotográfica, una pistola calibre 45 y un cargador de repuesto.

"¿Cómo es posible? El crimen perfecto no existe", le dijo hace años una prolija periodista de la BBC. Y él le contestó: "Sí, tal vez en Inglaterra".
Pedro Juan Caballero tiene ochenta mil habitantes y es la capital del departamento de Amambay, en la llamada "frontera seca" entre Paraguay y Brasil. Aquí, y en Capitán Bado y Capitán Miranda, los pueblos vecinos, se cultiva el 90 por ciento de la marihuana

El negocio, por llamarlo de algún modo, era próspero y tranquilo mientras lo manejaba el patriarca Fahd Yamil, pero empezó a complicarse a mediados de los 90 con la llegada a la zona de Fernandinho Beira-Mar, un mulato de ojos verdes. Aunque el brasilero llegaba con la muerte a cuestas de cinco federales en Río, los vecinos de Capitán Bado, donde se instaló, lo vieron con buenos ojos: con poco más de treinta años, el joven era un importante inversor. Su fortuna personal, se decía, rondaba los cien millones de dólares, incluyendo los cargamentos de marihuana y cocaína que tenía almacenados a ambos lados de la frontera.

"La llegada de Fernandinho revolucionó todo", dice Cándido Figueredo. "Fahd Yamil, que durante la dictadura de Stroessner, cuando la gente podía matar, mataba, con la democracia se había adaptado. Pero Fernandinho cambió las reglas, y entonces empezó la guerra."
"Mirá", dice sonriente, y despliega sobre el escritorio una docena de cartoncitos coloridos que parecen naipes de Yu Gi Oh!. Pero no. Son fotos brutales de cadáveres desgarrados y mutilados, donde a algunos cuerpos les falta la cabeza, a otros las manos,

"Esto es de la última quema de archivos", explica sin candor Cándido Figueredo, ahora más bien en plan cínico. La "quema de archivos", como él la llama, son los ajustes de cuentas de las bandas, cuando cada jefe hace matar a los hombres que le han servido tanto, que ya son peligrosos por lo que saben.
Cuando Figueredo empezó a escribir de estas cosas para el diario ABC, le balearon la casa y el auto y le cambiaron la vida de la noche a la mañana: desde entonces vive con cuatro policías que se alternan para cuidarlo, y no pone un pie en la vereda si no lleva la pistola en la cintura.

"Pedro Juan Caballero es la meca del narcotráfico, y la única alternativa que queda es una guerra abierta", dice el gobernador de Amambay, Roberto Acevedo, quien desconfía del gobierno nacional. Aunque Acevedo acusa al presidente Duarte Frutos de ser un aliado de las mafias y de haber recibido dinero de Fahd Yamil, lo que hay en el fondo es una pelea política: el gobernador es del partido Liberal, y en el pueblo se dice que el socio de Yamil fue precisamente él.

Ahora, Acevedo confiesa que tiene miedo y que su sospecha peor es que la zona del Amambay pueda convertirse en una mini-Colombia. Es que desde hace un tiempo, como si con libaneses, brasileños y paraguayos no alcanzara, también los colombianos

Aunque Paraguay no tiene una tradición guerrillera como la mayoría de los países del continente, hoy, cuando periodistas, políticos e intelectuales aluden a los preparativos de una izquierda armada, todos miran a Marquetalia. Hasta fines del año pasado esto no era así, y las primeras manifestaciones de que algo estaba pasando parecieron cosas del realismo mágico: en el centro de Asunción empezó a haber marchas contra el Plan Colombia y en los muros aparecieron consignas que decían: "Fuera gringos de Colombia y de América Latina".

Entonces las buenas conciencias hicieron sus deducciones, y hoy todos miran hacia ese gigantesco cordón de asentamientos de campesinos sin tierra que rodea la capital, cuyo primer enclave estuvo en la zona de San Lorenzo, a media hora de la Casa de Gobierno, y que lleva el nombre del pequeño pueblo donde en mayo de 1964 Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
La Marquetalia paraguaya, en realidad, poco tiene que ver en su aspecto con

El 29 de marzo último, en un acto celebrado en el lugar, el presidente Duarte Frutos anunció la entrega oficial de las tierras a los ocupantes, tierras que el gobierno había comprado en poco menos de 370 mil dólares. Para el debilitado Nicanor, fue un escándalo: la oposición liberal lo bombardeó con violencia, y le enrostró una larga lista de cargos que había contra los ocupantes: que Marquetalia era una base de las FARC, que ahí había guerrilleros y depósitos de armas, que en las casas de lona y barro colgaban fotos con la cara de Tirofijo, y que sus pobladores eran delincuentes violentos.

Durante el acto, además, el Presidente había hecho correrse hacia atrás a sus ministros, para dejar a su lado a dirigentes comunitarios como el abogado Raúl Marín, quien tenía un pedido de captura por perturbación de la paz pública. La mujer de Marín, la abogada argentina Marilinha Marichal, mientras tanto, tuvo que ver el acto por televisión,

Entre la pobreza de Marquetalia y los royalties por 250 millones de dólares anuales que dejan sólo las represas de Itaipú y Yaciretá, Paraguay duerme su siesta en el corazón del continente.
Durante años, a la sombra del dictador Alfredo Stroessner, este país fue un refugio para viejos nazis criminales de guerra como Josef Mengele; estafadores internacionales con pedido de captura, como Wolfgang Weber narcotraficantes como "Papá" Ricord; y criminales de élite de todo el mundo, como el mítico "Chacal" que intentó asesinar al general Charles de Gaulle.

En el trayecto desde el centro de Asunción al aeropuerto, a lo largo de la avenida España, los desempleados se abalanzan sobre los coches detenidos en los semáforos para vender sus bolsas de naranjas, y en el aire flamean las banderas blanquinegras del Olimpia, último

En este país de gente educada donde no se produce nada y se vende casi todo, el precio de la vida es inversamente proporcional al de las trescientas mil armas que se supone están en manos de civiles. La inseguridad ha comenzado una escalada que nadie sabe dónde puede terminar, y los límites entre la legalidad y el delito son cada vez más difusos.

El 1 de agosto de este año, el incendio de un shopping de Asunción, que dejó más de cuatrocientos muertos, se convirtió en una metáfora del país cuando sus dueños ordenaron cerrar las puertas para que la gente que huía de las llamas no se fuera sin pagar. Para la socióloga Mirta Rivarola, "el incendio pintó al Paraguay al desnudo, dejando al descubierto la falta de capacidad de los organismos del Estado, incluyendo a ministerios y municipalidades". La tragedia, dice ella, fue culpa de la ineficiencia de las autoridades y de la actitud indiferente y criminal de los empresarios.
Es como si al calor de aquellas llamas, pero también de su historia,